
Las siempre más restrictivas reglamentaciones sobre AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) están siendo aprovechadas por instituciones financieras poco serias para quedarse con el dinero de algunos clientes o para no pagar cuando tengan falta de liquidez. A muchos de los que operan offshore les habrá pasado que, al solicitar una transacción, la institución financiera le solicita varios documentos y el dinero de la transacción o a veces la misma cuenta, vienen congeladas hasta que no se haya presentado toda la documentación solicitada. Esto puede demorar, en ciertos casos, varias semanas, mientras se solicitan certificaciones, apostillarlas, traducirlas y enviarlas. El resultado es que hoy en día las transacciones comerciales por medio de bancos o tarjetas pueden resultar lentas, tediosas e inseguras.
Bien, este es el precio que hay que pagar para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y/o actividades criminales. Sin embargo, hay empresas financieras temerarias que se aprovechan de estas regulaciones, no reglamentadas, para estafar y extorsionar algunos de sus clientes.
Recientemente, una de estas empresas que se aprovechan de estas políticas para estafar y extorsionar, ha bloqueado una transferencia de un cliente, cuyo remitente era otra institución financiera. ¿Qué ley le da potestad a una empresa emisora de tarjetas de bloquear dinero ajeno que proviene de otro proveedor de tarjetas?
Intercash, un distribuidor de tarjetas MasterCards, en el mercado desde hace más de 10 años, declara en su sitio web www.intercash.com que es propiedad de Andaria Ltd, una empresa supuestamente registrada en la isla de Man. Al controlar en www.gov.im, aparecen Andaria Capital Limited y Andaria Limited pero no aparece ninguna empresa con el nombre Andaria Ltd. El mismo sitio fue registrado anónimamente para ocultar la propiedad, en contra de todas las políticas de AML y transparencia.
En el mismo sitio, Intercash declara que Andaria Ltd. no tiene y no necesita tener licencia de la Comisión de Supervisión Financiera de la Isla de Man (Andaria Ltd. is not, and is not required to be, licensed by the Isle of Man Financial Supervision Commission Funds…) Pero entonces, ¿bajo qué licencia están operando? Parece ninguna porque investigamos con el Ombusman Financiero del Reino Unido y nos ha declarado que no está registrada ninguna empresa financiera bajo el nombre Intercash o Andaria Ltd, no obstante, Intercash utiliza números telefónicos de Londres para la atención al cliente y hace entender tener oficinas en el Reino. También en el sitio declaran que los fondos deben ser procesados vía Complete Solution, MSB registro #M17664559, (Funds may be processed via Complete Solution, MSB registration #M17664559) pero en el sitio https://www.fincen.gov/msb-state-selector de la Autoridad de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (Financial Crime Enforcement Network of the U.S Treasury) dice que el número de registro debe ser de 14 dígitos y no aparece ningún registro con los números reportados por Intercash.
Siempre en el sitio web de Intercash declaran que son administradores de programas aprobados MasterCard ISO, aunque, al parecer Intercash es una empresa offshore con propiedad y beneficiarios no bien identificados, en contra de las políticas AML.
Vamos a analizar cómo Intercash desarrolló la extorsión al cliente, punto por punto:
El cliente envía la suma de 105138.81 EUR desde su cuenta de una institución financiera de Gibraltar. A los 15 días de haber recibido la suma Intercash avisa al cliente que supuestamente la entidad que envió el dinero es señalada (la entidad, no el cliente, y donde es señalada no lo dice. NDR) e Intercash que había recibido toda la información, con seis meses de histórico sobre la movimentación del dinero, dice que abrió una investigación sobre los fondos. ¿Si había algo raro porque no la señalaron a las autoridades?
Esta supuesta investigación ha durado alrededor de tres meses, creando, además, problemas de liquidez al cliente.
Después de los tres meses Intercash dice que la investigación ha concluido, que van a cerrar la cuenta del cliente y devolverle el dinero menos 11,987 EUR de supuestos gastos legales para la investigación.
El cliente obviamente reclama aduciendo que no hay facturas, ni prueba de gastos de investigación, que dichos gastos no fueron autorizados y que no hay ninguna clausula en el contrato con Intercash que autorice gastos de este tipo. Además, que en todo tiempo y siempre se ha proporcionado inmediatamente toda la documentación solicitada (por esto no se robaron todo, NDR), que ninguna ley ampara esto y que además el dinero enviado por la otra institución es dinero que debe ser reembolsado a clientes.
Intercash a este punto envía, de manera extorsiva, un email en la cual declara que, si es dinero que debe ser reembolsado a clientes, podrían abrir una investigación sobre cada cliente y que esto se haría efectivo si el cliente no aceptaba los “gastos” legales cobrados por Intercash que especifica: Recomendamos( a los oficiales de cumplimiento) parar esta investigación antes de que se complique (We have recommended to stop this investigation before it gets more complicated and stop your fees so you can recover most of this money.
¿Qué hacer a este punto? ¿Empezar una pelea jurídica o aceptar el robo de 11.987 EUR? Obviamente como cualquiera de nosotros hubiera hecho, el cliente ha aceptado el descuento forzoso, aceptado el reembolso de la diferencia y ha firmado una cláusula abusiva o cláusula leonina (nula de pleno derecho, NDR) bajo coacción de perder todo el dinero en una inexistente investigación que podría durar indefinidamente.
Si de una parte hay que investigar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y a las actividades delictuosas, hay también que proteger a los usuarios honestos de abusos en las políticas AML por falta de reglamentación. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, una institución financiera debería cerrar la investigación en un término determinado, por ejemplo, de 15 días, y en caso de no haber podido llegar a una conclusión, debería remitir todo a las autoridades propuestas. Es un absurdo que una entidad financiera pueda hacer abusos de este tipo y salirse con la suya. Obviamente ningún banco serio o entidad financiera integra abusa de las políticas de Cumplimiento, pero ¿qué hacer en un caso similar al de Intercash? ¿A quién recurrir y cuándo? Y, si te están robando una cuantía qué podría ser igual a los gastos legales para recuperarla, ¿es sensato demandar?
Actualmente no existe una reglamentación estándar para los procesos de AM, cada banco o institución crea su política y reglamento no escrito, supuestamente para evitar que quien lava dinero tenga conocimiento de estas políticas, y esto obviamente deja mucho espacio a las interpretaciones del funcionario de cumplimiento de turno. Esto se hace todavía más complicado porque “por razones de seguridad” no puede haber comunicación entre los clientes y los funcionarios de cumplimiento. Así que la comunicación es siempre por medio de un tercero: el funcionario de atención al cliente contacta al cliente y le solicita lo que el oficial de cumplimiento requiere, el cliente responde y el funcionario de atención al cliente reenvía al oficial de cumplimiento las informaciones que estima convenientes. Todo impersonal, sin derecho a defensa y/o replica.
Es necesario que las autoridades financieras internacionales tomen urgentemente medidas y reglamenten estas políticas que se prestan a abusos, robos y extorsiones.
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